por Cristian Ángeles
La llamada “Guerra contra el
narcotráfico” impulsada por el mandato del presidente Felipe Calderón, además
de muertos, ha dejado entrever ciertos puntos frágiles en el tejido social y
jurídico de nuestro país. Particularmente hay un asunto cien por ciento derivado
de ésta guerra; el que tiene que ver con los crímenes cometidos por militares y
la problemática en su posterior resolución jurídico-legal en el sentido de si caben
en el fuero militar, o en el fuero común.
Hasta el pasado 5 de septiembre
de éste año, el fuero castrense (o militar) se aplicaba a todos los delitos
contra la disciplina militar… “Son
delitos contra la disciplina militar, aquellos que fueren cometidos por
militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo”
(art. 57 del Código de Justicia Militar). Sin embargo, éste precepto
permitía ampliamente a los militares cometer ilícitos hacia civiles sin ser
procesados en el fuero común (o civil) pues, argumentaban, estaban en
cumplimiento de su deber, un claro ejemplo de esto son los llamados “daños
colaterales” donde “accidentalmente” los militares asesinaban civiles.
En meses recientes, la SCJN se ha
encontrado con un creciente número de demandas contra militares, tan solo a
inicios de mes, durante el Congreso Nacional Indígena del Noroeste, integrantes
de la comunidad Kumiai ubicada en Juntas de Nejí, Tecate, Baja California,
denunciaron abiertamente al Ejército Mexicano de secuestros, robos, golpes,
violaciones y toda clase de abuso de autoridad en su comunidad, a esto
podríamos agregar los constantes daños colaterales y la corrupción ante el
crimen organizado.
Dicho aumento de demandas causó
que afortunadamente, y ante el asombro de un servidor, la SCJN tomara cartas en el asunto ya que el
pasado 6 de septiembre, en una votación histórica (de 8 a 2), declaró la
inconstitucionalidad del inciso “a”, párrafo segundo, artículo 57 del Código de
Justicia Militar, el cual permitía al fuero castrense procesar a los militares
que cometían ilícitos contra civiles con el argumento, o si me permiten, con el
pretexto de que los crímenes eran contra la disciplina militar.
Ahora, la SCJN procesará 28
amparos de juicios militares para determinar los límites del fuero castrense, pero
hay demasiadas controversias. Se supone que en la nueva legislación los
militares podrán ser procesados en el fuero común toda vez que los crímenes
afecten, de algún modo, a un civil; pero hay casos en los que no queda del todo
claro, por ejemplo: aquellos donde un militar en complicidad con civiles comete
un crimen que afecta a militares, o los casos donde los militares de algún modo
contribuyen al narcotráfico, lo cual podría ser tomado como daños a la salud.
Supongo que todo esto no habría
ocurrido si a FCH y al pleno de la SCJN no se le hubiese ocurrido declarar al
narcotráfico como amenaza de seguridad nacional, así el ejército y la marina
estarían, como lo indica la constitución, en sus cuarteles. Por una parte bien
porque se corrigió una irregularidad en la legislación militar en pro de la
sociedad civil (aplausos), y por otra parte mal, porque corregir dicha
irregularidad le ha costado al país varios miles de muertos. Pero no importa,
vamos por buen camino, esos daños colaterales ayudarán a reconstruir un estado
de derecho, así lo asegura FCH en cada oportunidad que tiene para hablar, pero
yo sigo cuestionándome sobre la verosimilitud de tal hipótesis.